Clearview.ai, una empresa estadounidense con un enorme almacén de datos faciales a nivel mundial, se enfrenta a una multa de unos 33,7 millones de dólares en los Países Bajos, junto con una prohibición nacional del uso de su servicio en capacidades comerciales. La Agencia de Protección de Datos, un organismo designado que opera independientemente del gobierno holandés, evaluó la multa y impuso la prohibición. Una declaración de la agencia acusa a Clearview de violar el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, un conjunto de leyes que rigen la recopilación y el uso de datos personales en la UE y el EEE en general. Según la DPA, las prácticas comerciales de Clearview violan claramente las leyes aplicables debido a que la empresa recopila datos de reconocimiento facial de diversas fuentes sin pedir el consentimiento de las personas cuyos rostros están agregando a la base de datos, o incluso sin informarles.

Jack Muclaire, director jurídico de Clearview, respondió que la empresa no opera en la UE y, por lo tanto, no está sujeta al RGPD. Si bien la DPA afirmó que Clearview no se opuso a la acusación y, por lo tanto, no puede impugnar la multa, Muclaire dijo a su vez que la agencia designada por el gobierno no tiene forma de hacer cumplir la multa. Explicó que la decisión no siguió los procesos legales requeridos. Clearview no mostró ninguna intención de detener lo que estaban haciendo en la UE, ni siquiera de pagar la multa. La DPA advirtió que esto podría generarle a la empresa una multa por incumplimiento de 5,6 millones de dólares adicionales.

Esta no es la primera vez que Clearview se encuentra bajo escrutinio legal. Las autoridades del Reino Unido impusieron anteriormente una multa de aproximadamente 9,4 millones de dólares, las autoridades canadienses investigaron los tratos y descubrieron que las actividades de Clearview violaban las leyes aplicables, y una multa que la empresa incurrió en Francia aún no ha sido pagada. Incluso en el país de origen de Clearview, el estado de Illinois encabezó una demanda federal contra la empresa que terminó en un acuerdo de 50 millones de dólares. Parte de las condiciones del acuerdo incluían que Clearview no admitiera ninguna irregularidad, lo que dejaba en el aire un precedente legal para la práctica empresarial en Estados Unidos. Mientras tanto, muchos organismos locales en los Estados Unidos, como las fuerzas del orden, continúan utilizando los servicios de la empresa.